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Subes a dar tu conferencia sobre las bondades de la dieta equilibrada, y acabas señalando las malas prácticas de las empresas de bollería industrial y cómo miran hacia otro lado las autoridades sanitarias que permiten las máquinas de vending en hospitales.
Tú equipo ha salido victorioso y das una rueda de prensa después del partido alabando el buen comportamiento de la afición y el fair play del equipo rival, poniéndolo como ejemplo de lo que es el deporte, en contraposición al negocio montado con las casas de apuestas y su proliferación en Internet y en múltiples calles de nuestras ciudades. Y de paso, mencionas la agresividad de algunos padres en los partidos de fútbol base en los que juegan sus hijos. Apuntas a la farándula de clubes, federaciones y televisiones.
Explicas en entrevista radiofónica cómo habéis llegado a descubrir la función inhibidora de una molécula en la síntesis de proteínas de un grupo de bacterias. “Habéis”, porque, aunque solo quedas tú, no olvidas la inestimable contribución de tus compañeros, desde hace un tiempo sin trabajo en España. Así que, no escatimas en elogios para quienes vienen tomando la excelente decisión de ir recortando la inversión en I+D+i.
Etcétera.
Uno tiene derecho a ser rehuido por prorrumpir en palabras de rabia. Te asiste ese derecho incluso si no lo haces insistentemente (y sin injuriar ni calumniar).
La cuestión es si el Estado tiene potestad para “meterte” en la cárcel por expresarte libremente y habiendo incitado al odio. Ya que, en ese caso, ¿por qué siguen campando a sus anchas diversos grupúsculos neonazis?, ¿por qué un político profesional puede expresar abiertamente que los descendientes de víctimas del franquismo son unos peseteros?, ¿por qué un locutor de radio puede animar a mandar aviones de guerra sobre una región del Estado?, ¿por qué un candidato a alcalde puede llevar un eslogan que sugiere mantener limpio el municipio de migrantes?, ¿por qué una asociación "de utilidad pública" puede sacar un autobús burlándose de las personas homosexuales?, ¿por qué un partido sigue sin ilegalizarse después de haber sido condenado por corrupción por la Audiencia Nacional, tras haberse probado que llegó al poder ayudándose con capital de procedencia ilícita y que ha gobernado facilitando la mercantilización de servicios públicos básicos, favoreciendo así el aumento de la desigualdad? ¿Puede haber mayor incitación al odio que la creación de desigualdad de oportunidades por parte de nuestros gobernantes?
Y si no es el caso, ¿a qué viene perseguir cantantes “con la legalidad”?
Merece la pena que leas el Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a la protesta de la Plataforma en defensa de la libertad de información.
Yo también lo he firmado.