Prevención de riesgos colaterales o liberales

Se cumplen diez años del trágico suceso del Yak-42. Los máximos responsables siguen impunes. Seguimos sumidos en una crisis económica y social, proveniente (entre otros) de la burbuja generada por la Ley de Liberalización del Suelo (Ley 6/1998). Los máximos responsables siguen impunes. Pero, lo peor de todo: no reconocen sus errores y venden sus temerarias decisiones como actos audaces.

En el caso de que un trabajador de la construcción sufra un accidente en la obra, se le cae el pelo al jefe de obra. Si se llega a demostrar que las causas devienen de una negligencia de instancias superiores (la delegación, por ejemplo) por, entre otras cosas, subcontratación ilegal, la no provisión de equipo de protección o la ausencia de medidas de seguridad de manera extendida, puede que caiga el peso de la ley también (o además) sobre las personas responsables, por encima del jefe de obra.

Si los jefes de operaciones para la misión de España en Afganistán contratan una tartana para transportar a los militares a miles de kilómetros de distancia y éstos fallecen, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de estos jefes de operaciones? ¿Qué dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para estos casos?

Cuando una política económica preconiza la austeridad en los gastos de un país, suponiendo que los principios del liberalismo económico le son válidos como a una corporación privada, se puede caer en el error de minimizar los riesgos en la calidad de vida y en la vida misma de los ciudadanos del país. Si se pretender ahorrar en la seguridad del transporte, se incurre en mayor riesgo de accidente. Si se pretende ahorrar en la inversión pública en sanidad o educación, obviamente se corre el riesgo de rebajar la calidad en estas áreas desde el momento en que se deja de lado el principio de equidad (igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos).

Pero si esa política económica está basada fundamentalmente en una consideración maniquea de la condición humana, es perfectamente justificable: se supone que el que puede más es porque se lo merece más que el que puede menos. Y así, quien ha sido ministro de Justicia o Presidente del Gobierno, puede permitirse el lujo de no pisar un tribunal por merecerse una exoneración vitalicia en virtud de su denodado servicio al Estado.

Sin embargo, si para lograr el superávit de las cuentas públicas tuvimos que llegar a esta situación, hubo algo que falló en la gestión económica de los gobiernos del señor Aznar. Porque España no cotiza en bolsa, esos señores deberían reconocer la causa de la crisis. Al menos para -como suelen decir- empezar a solucionar el problema.