España ofendida

El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Entre las infracciones graves (con sanciones entre los 1.001 y los 30.000 euros) se mencionan “las ofensas o ultrajes a España”, pero estas ofensas no se relacionan. Sirva este post para acaso mostrar una gran ofensa.

Dado que algunos no tenemos muy claro qué es exactamente España, veamos a ver qué dice la Constitución de 1978:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Estado social, interesante. Y [Estado] democrático de Derecho, bien. O sea, por una parte, se reconoce la democracia (como explicita el 2º punto, “la soberanía nacional reside en el pueblo español”), y, por otra, se afirma que España se constituye en un Estado social. Es decir, España es la sociedad española, con su cultura, su idiosincrasia, sus normas (recogidas en su ordenamiento jurídico)... y, sobre todo, con sus personas. Vale, todo muy bonito.

Ahora bien, entonces ¿ofender a España es ofender a la sociedad española? ¿A toda la sociedad española? ¿A la mayoría? ¿Cuál es la mayoría de la sociedad española que se puede sentir ofendida? Obviamente, las encuestas solo podrían ser indicadores del alcance de esas ofensas, porque lo verdaderamente válido para encontrar mayorías de ofendidos parece ser solo el resultado en las urnas (ya que medidas como la ley de iniciativa popular no suelen pasar del 2 % de representatividad si nos atenemos a su número de firmas). Por otra parte, hay “cosas” del Estado social y democrático de Derecho que fueron elegidas por votación popular en su día y que no parece que podamos estar cambiándolas sin otras votaciones: Gobiernos y Cámaras Legislativas (cada cuatro años en el peor de los casos), la propia Constitución, etcétera. “Cosas” que, por tanto, están legítimamente “puestas” ahí y que se supone, por consiguiente, que fueron “mayoritariamente aceptadas” y que exigirían nuevo refrendo, como digo. Y, así pues, ceñidos a Derecho, no se pueden ilegitimar. Razón por la cual, ofender a esas “cosas” sería ofender a España.

Pues bien:

Una persona que ostenta el cargo de Presidente del Gobierno ofende a España al mentir en el Congreso de los Diputados (aunque lo escenificó presencialmente en el Senado) porque ofende a:

- la “cosa” Presidente del Gobierno

- la “cosa” Congreso de los Diputados (y al Senado)

- la “cosa” Estado social y democrático de Derecho (o la sociedad española)

Y porque esa mentira ni siquiera podría ser calificada de piadosa, ni podría ser tenida en cuenta para defender los intereses de España. Al contrario: Rajoy mintió en el Senado, ante los Diputados, el 1 de agosto de 2013 para defenderse él, quizá para defender a su partido político y quién sabe si para proteger a delincuentes. Pero mintió ante los representantes del pueblo soberano español, y lo hizo para ocultar la verdad sobre un supuesto delito muy grave que aún sigue siendo investigado. Si el caso Bárcenas acaba exonerando a quien ahora es Presidente del Gobierno de España, nunca podrá exonerarle de haber mentido al Parlamento para defender a una minoría (al Partido Popular) en contra de las leyes que supuestamente fueron vulneradas.

Me pregunto si la futura ley de Seguridad Ciudadana del Ministro Fernández Díaz relacionará “ofensas a España” y, en concreto, si recogerá “ultrajes a España” de esta enjundia. Porque no puede haber cuestiones que alteren más la seguridad ciudadana que la manipulación manifiesta de quienes nos gobiernan.