Cualquier cambio legislativo, normativo en general, provoca inestabilidad tanto a los ciudadanos, como a quienes sirven a los ciudadanos siguiendo las directrices en todo momento.
La
promulgación de la LOE
supuso de nuevo un gran cisma en el sistema educativo, como sucedió
con leyes anteriores. Pero la reforma del Código Penal también lo
supuso para los profesionales y aun los estudiantes de Derecho. Como
empezamos diciendo, en ambos casos el problema no sólo está en la
incertidumbre de quienes nos formamos o nos dedicamos a una actividad
profesional u otra, sino más bien en todas los usuarios de los
servicios públicos afectados por estas normas de Educación y
Justicia. De manera que convendría que los docentes contáramos
hasta diez antes de patalear, puesto que no somos el ombligo del
sistema educativo… Lo somos pero con el resto de ciudadanos a
quienes servimos, y para quienes, por supuesto, también son las
leyes que solemos denostar por sistema. Refiriéndonos, por ejemplo,
a la LOE, no creemos que fuera ésta, ni sus precedentes, las
responsables de todos los males que aquejan a nuestro alumnado. Al
menos no en exclusiva, como quieren señalar los promotores de la
LOMCE.
Las
leyes, las normas legales en general, nunca son anteriores a las
costumbres; siempre van a remolque. Las cámaras legislativas
proponen normas que mejoren el funcionamiento del Estado, pero, para
ello, antes han debido constatar cuáles son las necesidades de
mejora. Ésta es la teoría. La práctica es otra: en demasiadas
ocasiones las necesidades de mejora son el caballo de batalla desde
múltiples ideologías, cuando no de diversos intereses más o menos
oscuros. Porque se habría de legislar para todos y, si no, al menos,
para la mayoría (o las mayorías; las minorías suelen tener las de
perder).
Pues
bien, la ley de educación también ha sido (y es) uno de esos
caballos de batalla. Sin embargo, no es la
LOMCE una ley que haya
surgido propiamente de necesidades de mejora, sino sobre todo como
contraposición a una ley emanada de una ideología diferente (dicho
esto sin entrar en consideraciones de conveniencia o intereses, que
los hay), la LOE.
Que, a su vez, supuso una ruptura
con la
LOCE.
La cual, a su vez, fue ideada con la excusa de paliar las carencias
generadas por el desarrollo de otra ley anterior, la LOGSE,
curiosamente
de distinta ideología. Por lo cual, muchos detractores de la LOE, apenas arrancó hace unos años, la tildaron como una continuación o extensión,
cuando no un calco, de la maltraída LOGSE.
Cuando
hemos aseverado que las leyes educativas no son responsables en
exclusiva de los problemas de los alumnos, nos ha faltado por señalar
otros factores, entre los que –a nuestro juicio– cabría reseñar
los siguientes:
Vuelco
en el sistema productivo; que se manifiesta en la progresiva
hegemonía del sector terciario:
Lo
que ha dado mayor cancha a la inserción laboral de la mujer
Se
han modificado las expectativas laborales de los futuros
trabajadores y, en consecuencia, se han cambiado muchos valores de
y hacia el trabajo (disponibilidad para cambiar de residencia,
aumento de la temporalidad laboral...)
Etc.
Envejecimiento
de la población:
Creación
de nuevas necesidades y, por tanto de nuevos productos, sobre todo
los relacionados con el ocio y la imagen personal
Retraso
en la edad de emancipación, de paternidad...
Cambio
de valores: auge de un epicureísmo mal entendido, sobre todo
Tendencia
a la formación-especialización
Etc.
Es
decir, desde nuestra óptica, resulta estéril establecer el debate
educativo exclusivamente en el texto de una Ley, sin tener en cuenta
que la educación compete a toda la sociedad y depende de cómo se
desarrolla esa sociedad. Y,
por tanto, más allá de ideologías —que
siempre pesarán—,
es necesario pactar leyes acordes al momento social e histórico que
vivimos y que queremos vivir. Los
promotores de la LOMCE han rehuido a los pactos.
Por
poner unos ejemplos: de nada sirve declarar la intención de atender
a la diversidad si no se prevén ni se provee de recursos (humanos,
técnicos, formativos, de materiales...) suficientes para llevarse a
cabo, pero, sobre todo, si no se cuenta con alguna motivación para
las familias, de forma que éstas se impliquen de forma clara en la
educación de sus hijos. No es de extrañar que en alguna zona
marginada de Madrid se den casos de chavales de catorce años de los
que no se conoce ni dónde viven ni quiénes son sus tutores legales.
Si antes no se actúa en la base de la persona, ¿cómo vamos a
salvarle
con la enseñanza aséptica de, por ejemplo, un sistema de ecuaciones
lineales? Y la LOMCE
insiste e insiste en la calidad como solución
de problemas lineales,
cuando la realidad es caótica.
La
educación (la educación formal también) implica a más agentes que
los estrictamente vinculados al ámbito académico: Administraciones,
servicios sociales y, por supuesto, familias. Pero la LOMCE resta
voto a las familias en los consejos escolares y es promulgada con
todos los estamentos en contra.
Por
tanto, la ley puede ser más o menos justa, pero una cosa parece
clara: la ley no es un axioma para todo, nunca recoge toda la
realidad. Porque la realidad es inabarcable, pero también porque la
realidad es dinámica. Y, por esta segunda razón, es necesario
adaptar las leyes a la sociedad, no al contrario. Quizá sea ése
también uno de los motivos por los que se han producido tantos
cambios legislativos de los que hablamos al comienzo de esta
reflexión. Pero la LOMCE es el colmo del cambio legislativo con
calzador.
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