El
pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobaba el
anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Entre las infracciones
graves (con sanciones entre los 1.001 y los 30.000 euros) se
mencionan “las ofensas o ultrajes a España”, pero estas ofensas
no se relacionan. Sirva este post para acaso mostrar una gran ofensa.
Dado que
algunos no tenemos muy claro qué es exactamente España, veamos a
ver qué dice la Constitución de 1978:
Artículo 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Estado
social, interesante. Y [Estado] democrático de Derecho,
bien. O sea, por una parte, se reconoce la democracia (como explicita
el 2º punto, “la soberanía nacional reside en el pueblo
español”), y, por otra, se afirma que España se constituye en un
Estado social. Es decir, España es la sociedad española, con su
cultura, su idiosincrasia, sus normas (recogidas en su ordenamiento
jurídico)... y, sobre todo, con sus personas. Vale, todo muy bonito.
Ahora
bien, entonces ¿ofender a España es ofender a la sociedad española?
¿A toda la sociedad española? ¿A la mayoría? ¿Cuál es la
mayoría de la sociedad española que se puede sentir ofendida?
Obviamente, las encuestas solo podrían ser indicadores del alcance
de esas ofensas, porque lo verdaderamente válido para encontrar
mayorías de ofendidos parece ser solo el resultado en las urnas (ya
que medidas como la ley de iniciativa popular no suelen pasar del 2 %
de representatividad si nos atenemos a su número de firmas). Por
otra parte, hay “cosas” del Estado social y democrático de
Derecho que fueron elegidas por votación popular en su día y
que no parece que podamos estar cambiándolas sin otras votaciones:
Gobiernos y Cámaras Legislativas (cada cuatro años en el peor de
los casos), la propia Constitución, etcétera. “Cosas” que, por
tanto, están legítimamente “puestas” ahí y que se supone, por
consiguiente, que fueron “mayoritariamente aceptadas” y que
exigirían nuevo refrendo, como digo. Y, así pues, ceñidos a
Derecho, no se pueden ilegitimar. Razón por la cual, ofender a esas
“cosas” sería ofender a España.
Pues
bien:
Una
persona que ostenta el cargo de Presidente del Gobierno ofende a
España al mentir en el Congreso de los Diputados (aunque lo
escenificó presencialmente en el Senado) porque ofende a:
- la
“cosa” Presidente del Gobierno
- la
“cosa” Congreso de los Diputados (y al Senado)
- la
“cosa” Estado social y democrático de Derecho (o la sociedad
española)
Y porque
esa mentira ni siquiera podría ser calificada de piadosa, ni podría
ser tenida en cuenta para defender los intereses de España. Al
contrario: Rajoy mintió en el Senado, ante los Diputados, el 1 de
agosto de 2013 para defenderse él, quizá para defender a su partido
político y quién sabe si para proteger a delincuentes. Pero mintió
ante los representantes del pueblo soberano español, y lo hizo para
ocultar la verdad sobre un supuesto delito muy grave que aún sigue
siendo investigado. Si el caso Bárcenas acaba exonerando a quien
ahora es Presidente del Gobierno de España, nunca podrá exonerarle
de haber mentido al Parlamento para defender a una minoría (al
Partido Popular) en contra de las leyes que supuestamente fueron
vulneradas.
Me
pregunto si la futura ley de Seguridad Ciudadana del Ministro
Fernández Díaz relacionará “ofensas a España” y, en concreto,
si recogerá “ultrajes a España” de esta enjundia. Porque no
puede haber cuestiones que alteren más la seguridad ciudadana que la
manipulación manifiesta de quienes nos gobiernan.
Así de claro, sí señor
ResponderEliminarSoberanía nacional, sobre todo, ante la injusticia.
ResponderEliminarMagnifico apunte.
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